Declaró El Protector

El periodista Germán Federico Sasso prestó declaración indagatoria esta mañana ante el titular del Juzgado Correccional N°1, José Luis Ares, en el marco de la causa 5375/08 "Páez Alejandrina A. denuncia presunta infracción al art. 94 quater del Decreto Ley 8031/73" donde está imputado por "haber revelado la identidad y domicilio" de menores en conflicto con la ley penal en el programa radial "La Brújula" de la repetidora de Radio 10.
"Lo volvería a hacer ya que hubo gente que se sintió agradecida ya que permite que las señoras cuando van a hacer las compras sepan por donde ir para evitar las calles donde se reunían esos jóvenes. No quise provocar un linchamiento público ni que los vayan a buscar sino que ante tanto caos, haya alguna medida de protección ya que mucha gente le pide a los medios cosas que debería exigirle a los poderes de Estado", dijo.
La audiencia indagatoria estaba demorada por las reiteradas recusaciones presentadas por el periodista para embarrar la investigación, apuntando primero al vínculo conyugal de la defensora oficial Graciela Cortázar -a cargo de su defensa- con el médico García Dieguez, directivo de la Asociación Médica.
Al decir de Sasso, al comenzar su investigación sobre el supuesto vinculo de la AMBB con el asesinato de Felipe Glasman y si bien nunca mencionó a García Dieguez, empezó a recibir "mensajes injuriosos y amenazantes" vía correo electrónico desde una IP que según le indicaron "fuentes extraoficiales" puede pertenecer a Cortázar. "Me encontré técnicamente asistido por un defensor que resulta mi enemigo", declaró.
La segunda estrategia consistió en plantear una recusación contra el juez Ares por entender que es "amigo personal" de Cortázar y que ésta es "su jefa" en la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNS donde ambos son docentes.
Estas presentaciones fueron desechadas por el Juzgado y la Cámara de Apelación y Garantía sistemáticamente por ser infundadas para los magistrados.
Ya frente al juez, Sasso ratificó lo dicho en "La Brújula" explicando, según consta en la causa, que "lo que difundo es porque considero que tiene interés público, lo cual queda ratificado por los llamados o mails recibidos. Creo que es de regímenes autoritarios censurar a la prensa. Que uno pasa el límite como periodista cuando miente" y que en "los medios en que yo trabajo es una demanda constante de la gente".
"Lo hice como una forma de protección de la ciudadanía no como una cuestión de ideología vinculada al debate de la baja de la imputabilidad. Se trata de chicos que tienen muchísimos antecedentes y que vuelven a reincidir por falta de contención social, por falta de politicas claras por parte del Estado, lo cual está a la vista de todos. Muchos de los que se escandalizan en esta causa son asistentes sociales que poco hacen porque estos chicos salgan de la calle", resaltó en alusión a la denuncia del Colegio de Trabajadores Sociales.
El periodista agregó que no reveló la identidad de los menores sino que "la difundí porque ya estaba develada ya que varios medios la tenían y circulaba por internet" y apuntó que se la enviaban de la casilla pibesdelincuentes@hotmail.com
Más allá de la recomendación de la defensora Cortázar de que no declare, el imputado refirió que lo hacía porque "considero que cuando una persona se niega a declarar es porque no tiene explicaciones para dar".
Por ejemplo: "En cualquiera de los barrios donde habitan los chicos son más que conocidos por todos. En algunos lugares se pegaron fotos de esos pibes, por lo que es el mismo fin que consideré yo a la hora de difundir los nombres ante la indefensión y desprotección de la ciudadanía como medida de prevención".
Asimismo rezongó que "de lo que deberían preocuparse algunas personas que se dicen progresistas o representantes de los derechos humanos, por sobre esta norma se encuentra la Constitución que garantiza la libertad de expresión, por lo que ningún juez puede censurarme" y disparó que "si alguien cometió alguna falta fue aquel funcionario judicial o policial que lo filtró".
Ahora, deberán declarar los compañeros de tareas del imputado Martín Noir, Virginia Pascual y Jésica Rípodas propuestos por Sasso como testigos "de que la lista era pública y conocida". Mientras, se sigue a la espera de la respuesta de la empresa Microsoft Hotmail acerca de la existencia de la casilla de correo electrónica mencionada arriba y copia de los mails enviados.
Por último, se solicitarán los antecedentes penales del periodista a La Plata y se lo "fichará" para luego dictar sentencia.