¿Quién mató a Mariano?

(Por Horacio Meguira. Director del Departamento Jurídico de la CTA) El asesinato de Mariano Ferreyra no puede descontextualizarse de la situación de los trabajadores tercerizados y la lucha que venían emprendiendo para ser equiparados en salarios y condiciones de trabajo a los que están comprendidos en el convenio colectivo vigente para los dependientes de las empresas “terminales” del sector ferroviario. Desde que se reinicia la negociación colectiva salarial en el 2003 se comenzó a percibir la brecha entre los trabajadores de las categorías más altas con las más bajas. En algunos casos, como el de las empresas tercerizadas ferroviarias los convencionados perciben remuneraciones que llegan a triplicar los salarios de los dependientes de las sub-contratistas.
Este fenómeno de “tercerización” se repite en todas las actividades industriales o de servicios. Los grandes sindicatos como la Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza, Asociación Obrera Textil, etc. no permiten la afiliación a dichos trabajadores. En los convenios colectivos no son representados. Las unidades de negociación no contemplan ni los salarios ni las condiciones de trabajo de los “precarizados” que operan en la descentralización de muchas tareas efectuadas dentro o fuera de los establecimientos. (Entrá y lee el texto completo)
Entrevista con Horacio Meguira en Enredados:
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En muchos casos, como los ferroviarios, las tareas de trazado, reparación, o mantenimiento de vías, son efectuadas por estos trabajadores que no están encuadrados en ninguna categoría profesional de los convenios vigentes para la actividad. Por ende, sus tareas son polivalentes, sus horarios interminables, su remuneraciones insignificantes y, por sobre todo, se les impide sindicalizarse; ante cualquier intento son despedidos o amenazados inmediatamente.

A partir de la propuesta de la CTA muchos terminaron por convencerse de la necesidad de que todos los trabajadores tengan el derecho de constituir las organizaciones que crean conveniente, y que la libertad sindical es la precondición imprescindible para revertir semejante situación de sobre-explotación. Negada la afiliación a los sindicatos constituidos y dadas las condiciones favorables generales por fallos de la Corte Suprema (ATE y Rossi), los trabajadores comenzaron a organizarse por intermedio de nuevas organizaciones capaces de contener sus reivindicaciones.

Esta situación, que se repite en otros sectores, resulta intolerable para las empresas y para los sindicatos tradicionales que sólo contemplan a los trabajadores de las empresas terminales. Por ejemplo, un trabajador que es dependiente de Telecom puede acceder al convenio colectivo, a la seguridad social, a la defensa en el supuesto de ser despedido. El que forma parte de la red de servicio o producción que provee a esas empresas no puede hacerlo.

La relación costo-beneficio se da en el tramo “tercerizado”. El costo del salario, sobre todo en las empresas de mano de obra intensiva, es insignificante en los tramos donde se produce por fuera de los convenios colectivos. La mayor renta empresaria se produce antes del producto terminado y distribuido.

El capital no va a tolerar la organización de estos trabajadores. Este es el contexto en el que hay que analizar el asesinato de Mariano. No es un hecho aislado o incausado, sino consecuencia de la organización de estos trabajadores. Este contexto se complementa con la actuado por los llamados “sindicatos empresarios” como la Unión Ferroviaria, y de dirigentes como José Pedraza que fue socio y cómplice del despojo y saqueo de los Ferrocarriles en la década del 90. Ellos tienen como función evitar cualquier atisbo de organización que altere esta situación. Su asociación y complicidad con la empresa tiene como finalidad mantener el statu-quo y causa de su permanencia de por vida en los cargos de dirección.

No es un enfrentamiento sindical derivado de un conflicto intersindical. Por el contrario, es un conflicto con las empresas concesionarias administradoras del Ferrocarril Roca, con sus empresas descentralizadas, todas de propiedad del mismo consorcio, y con el Ministerio de Trabajo que toleró esta situación favoreciendo la monopolización de la Unión Ferroviaria y desconociendo a cualquier organización por “fuera” de ella.

En este caso, es más claro aún cuando se sabe que los abogados históricos de la Unión Ferroviaria fueron Carlos Tomada, Noemí Rial y Oscar Valdovinos. Nombres muy familiares del poder gobernante.