Otro buchón de los milicos en el Juzgado de Faltas

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, remitió una nueva carta al intendente Cristian Breitenstein denunciando que, además del juez Ricardo Antonio Germani, también actuó como personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar "quien cumpliría funciones de notificador (...) el Empleado Municipal PURRIÑOS, Julio Manuel DNI 11341959, quien cumpliera funciones en el Batallón 601 de Inteligencia entre Junio 1979 y Diciembre de 1983".
Así solicitan "se despida a este empleado de la estructura municipal ante la prueba que significa estar en una lista de aquellos que por entonces cumplieron tareas en el Batallon 601 de Inteligencia, valorando esta situación en términos de las Políticas de Estado en vigencia en tal sentido que definen claramente que personas involucradas en la etapa dictatorial, aunque más no sea por cuestiones éticas, no pueden ocupar cargos en las estructuras del Estado Democrático".
Dentro de la nota el texto completo de la APDH.

De nuestra mayor consideración:
El 29 de abril le hicimos llegar a Ud. al igual que al Honorable Concejo Deliberante, la solicitud exigencia de baja del todavía Juez de Faltas Ricardo Antonio Germani por haber pertenecido al Batallón de Inteligencia 601 de reconocida y comprobada acción central en la represión de la última dictadura cívico militar genocida. Lo hicimos entendiendo que las estructuras del Estado Democrático no pueden contener a quienes fueron parte de esa etapa en el nivel que fuera, sin olvidar los aspectos judiciales llegado el caso, a llevar adelante desde nuestra institución a posteriori.
Durante años, y a pesar de la impunidad que se les otorgó a los genocidas y sus cómplices civiles, a través de leyes inconstitucionales como el Punto Final y la Obediencia Debida responsabilidad del gobierno radical del ex presidente fallecido Raúl Ricardo Alfonsín y de los Indultos del gobierno neoliberal justicialista del ex presidente Carlos Saúl Menem, nunca dejamos de investigar desde nuestra institución o con datos que nos llegaban desde la comunidad.
Hoy cuando se han abierto otros canales de investigación, a partir de que el Gobierno Nacional se hiciera eco en 2003 acompañando con convicción la lucha por Memoria, Verdad y Justicia de Sobrevivientes, Familiares y Organismos de DDHH. Anulando las leyes e indultos de impunidad como lo demuestran los juicios en marcha y el reciente inicio de acciones judiciales sobre el ex ministro de economía dictatorial José Alfredo Martínez de Hoz. Ha permitido en esta inmediatez, el acceso a listados de agentes que actuaran por entonces en el ámbito de diversos niveles de la acción represiva, he iniciando una nueva etapa donde vamos descubriendo dentro de nuestra comunidad en este caso, a las personas que fueron funcionalmente actores en el marco represivo que costo cientos de vidas a la sociedad bahiense.
En nuestro Estado Municipal como decíamos al principio, el aún Juez de Faltas Ricardo Antonio Germani es el primer ejemplo pero no el único. Se suma a él ahora quien cumpliría funciones de notificador, también en el Juzgado de Faltas. Se trata del Empleado Municipal PURRIÑOS, Julio Manuel DNI 11341959, quien cumpliera funciones en el Batallón 601 de Inteligencia entre Junio 1979 y Diciembre de 1983.
Es entonces en virtud de este nuevo hecho, que exigimos a Ud. como representante del Ejecutivo Municipal elegido por el voto democrático, y en consonancia con las Políticas de Estado que acompañamos y reconocemos de nuestro Gobierno Nacional, se despida a este empleado de la estructura municipal ante la prueba que significa estar en una lista de aquellos que por entonces cumplieron tareas en el Batallon 601 de Inteligencia, valorando esta situación en términos de las Políticas de Estado en vigencia en tal sentido que definen claramente que personas involucradas en la etapa dictatorial, aunque más no sea por cuestiones éticas, no pueden ocupar cargos en las estructuras del Estado Democrático.
Esperamos que esta decisión al igual que la solicitada el 29 de abril, se concrete en el más brevísimo plazo en atención a la gravedad de un nuevo hecho similar. De no ser así, habremos de tomar las medidas judiciales o políticas, ante autoridades provinciales y nacionales, a fin de que esto se decida no solo en los términos solicitados, sino como necesidad de una conducta ético política que aporte a recuperar valores culturalmente destruídos por la dictadura mencionada.
Sin otro particular, saludamos a Ud. cordialmente.