Alumnos y alumnas del 2º año de la carrera de Periodismo del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social realizaron una serie de videos con entrevistas a comunicadoras y comunicadoras en el marco del Día del Periodista celebrado el pasado 7 de junio.
Uno de esos trabajos, puede verse en esta entrada e incluye opiniones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Luis Alberto Cano, Sandra Crucianelli, Vicente Massot, Gustavo Mandará y Fernando Monaccelli.
Desde el colectivo de FM DE LA CALLE, entendemos que allí se han vertido afirmaciones que desinforman o directamente atentan contra la verdad. Por eso, así como ayer militamos a favor de la sanción de una nueva ley de radiodifusión hoy exigimos su aplicación ante la necesidad de democratizar los medios de comunicación, hacemos estos aportes y aclaraciones al debate. ENTRÁ Y LEÉ MÁS
Luis Cano ¿Por qué ahora?
No es verdad que el debate por democratizar las comunicaciones sea un tema de este gobierno. La lucha por modificar la estructura hegemónica de la comunicación en el país, viene desde los primeros tiempos de la recuperación de la democracia. Más de 70 proyectos durmieron en el parlamento argentino por la complicidad del bipartidismo con los sectores de poder.
Se logró instalar el debate a partir del trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, espacio que integramos más de 300 organizaciones de todo el país. Desde allí las dos centrales obreras, las universidades públicas, organismos de derechos humanos y movimientos de radios comunitarias, armamos la plataforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Con la disputa que generó la resolución 125 entre el ejecutivo nacional y los sectores agroexportadores, el gobierno decide dar lugar a esas expresiones que subterráneamente veníamos trabajando.
Sin duda que hasta ese momento la fracción del peronismo que gobierna desde 2003 había seguido la lógica de anteriores gestiones en permitirle a los monopolios desarrollarse sin límites.
“¿El órgano de contralor?”, se pregunta Luis Alberto Cano. No existen muchas experiencias en el mundo donde la autoridad de aplicación integre a legisladores y legisladoras de las minorías representadas en ese cuerpo. Esto genera un precedente para otras legislaciones del planeta.
Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, en su último informe toma como ejemplo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro, La Rue no contaminado por los medios hegemónicos visualizó que el proyecto de ley vino trabajándose desde una infinidad de organizaciones que expresan la diversidad político cultural del país. Salvo nuestro medio, jamás se pudo ver, leer o escuchar en la ciudad la opinión de esta palabra autorizada.
Precarizar el trabajo periodístico
La periodista Sandra Crucianelli dice no apoyar la ley de SCA porque precariza el trabajo periodístico. Habría que preguntarse en que condiciones trabajan hoy los y las profesionales de la prensa.
Sandra dice no estar de acuerdo en una ley que legisle hacia atrás. Debemos afirmar que la ley lejos está de esa afirmación.
En principio hay que aclarar que la nueva normativa modifica aspectos fundamentales en las concepciones de la comunicación. Cambia conceptos ideológicos de la última dictadura militar para reemplazarlos por una mirada profundamente democratizante. Por lo tanto, urge modificar el mapa de medios construido hasta el momento porque está articulado sobre una sociedad culturalmente represiva y autoritaria.
Además, respecto de los derechos adquiridos por las empresas periodísticas hay que decir que la ley actual da una serie de plazos para que las personas jurídicas que no se ajusten a la misma se desprendan de las licencias.
Crucianelli más adelante dice no estar de acuerdo con que se le otorgue el 33% del espectro a entidades sin fines de lucro porque estas instituciones no podrían respetar los derechos laborales.
En principio hay que mencionar que hay leyes que regulan las relaciones laborales y son las mismas que en todo caso deberían ser tenidas en cuenta por cualquier licenciataria de un medio de comunicación y sus trabajadores y trabajadoras. No creemos que esta ley de medios tenga que entrometerse en materia de legislación laboral.
Además, los requisitos para que una institución sin fines de lucro acceda a una licencia son las mismas que para cualquiera otra figura legal.
Por otro lado, nos parece alocado poner ese argumento cuando todos los gremios de prensa apoyaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Puede leerse en este link (http://www.coalicion.org.ar/) los “21 puntos para una ley de radiodifusión de la democracia” donde quedaba claramente expresada la defensa de las fuentes y condiciones de trabajo.
Igualmente, siguiendo el argumento de Crucianelli es cierto que se presentarán dificultades económicas en el sostenimiento de los medios sin fines de lucro pero no por eso debemos rechazar su desarrollo. En todo caso, el eje de la discusión debería pasar por la distribución de la pauta publicitaria -oficial y privada- que esta ley no se propone regular y por ende, necesitaría una norma específica que impida su concentración en los multimedios.
En el caso local, las consecuencias de esta concentración se notan claramente con la influencia mediática, política y económica que ejerce el grupo Rex-La Nueva Provincia y sus medios satélites.
Por último, vale subrayar la enorme diferencia que existe entre los medios que se incluyan en el 33% del espectro “sin fines de lucro” y el 33% correspondiente a los medios privados: los primeros se organizan para garantizar el derecho humano a la comunicación y los segundos para “vender” productos informativos y entretenimientos audiovisuales.
Vicente Massot y Fernando Monaccelli
De la opinión de estos personajes poco vamos a explayarnos. Esta claro que nuestra cosmovisión de la vida, la cultura y la política van a contrapelo de la suya. Lo dijimos el 2 de agosto de 2009 en el 20º aniversario de nuestra radio cuando dimos nombre a su estudio. Desde ese día lleva las banderas de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ese día en la apertura del programa hablamos de “Ellos” (el monopolio) y “Nosotros” dejando claramente sentada la línea divisoria en defensa de la vida que nos separa.
Pero tenemos para refutar algunos dichos del ex ministro de Defensa menemista eyectado del cargo por su amor a la picana.
Según Massot la ley está “mal redactada”. Esta afirmación no es verdad: todo el proceso de discusión y elaboración de la normativa comenzó años atrás cuando organizaciones sociales fuimos debatiendo y consensuando propuestas que posteriormente formaron la columna vertebral del anteproyecto de ley, del proyecto presentado en el Congreso de la Nación y, por último, de la Ley de Servicios de Comunicación aprobada por la amplia mayoría de los y las representantes del pueblo y de las provincias argentinas.
El proyecto pasó por la pluma de intelectuales de nuestras universidades públicas, muchos y muchas consultados por organismos internacionales como Naciones Unidas y la UNESCO en esta materia.
El anteproyecto de ley presentado por la presidenta de la Nación en el teatro Argentino de la ciudad de La Plata tenía una novedad, como pocas veces en la historia jurídica de nuestro país, el anteproyecto de la norma incluye legislación comparada. Los artículos más sensibles de la Ley de SCA tenían los detalles acerca del origen y fuentes utilizadas por sus redactores y redactoras.
Después de esta presentación se realizaron foros abiertos de debate en todo el país. Más de 1000 propuestas de modificación fue el resultado de la participación de la comunidad.
Por último, el proyecto -atendiendo los cambios pedidos en los foros- ingresó a varias comisiones de la Cámara de Diputados. Allí las distintas fuerzas políticas debatieron el tema y se sumaron audiencias públicas donde nuevamente todas las personas con interés pudieron expresarse.
No cabe duda que para los Massot es esa “desprolijidad” -la de la participación social- la que los perturba. Siempre les fue mejor con el lobby.
Monaccelli, en tanto, afirma que el debate sobre las normas que regulan las comunicaciones no es necesario. Si leemos las editoriales del diario La Nación posteriores al anuncio de los debates por la nueva ley entenderemos el pensamiento del escriba del diario naval. La Nación decía por esos días que la mejor ley es la que no existe. Esa declaración de principios del diario mitrista explica porque para Monacelli y compañía nunca será prioritario discutir ley ninguna que profundice la “democracia formal” que supimos conseguir.
Los nuevos escenarios
El actual responsable de la autoridad de aplicación local (AFSCA-ex COMFER), Gustavo Mandará, no visualiza muchos cambios en el esquema local de los medios de comunicación. En FM De la Calle somos más optimistas. Ya nos tildaban de locos cuando decíamos que la ley iba a salir.
Que los grupos monopólicos instalados desde hace mucho tiempo en la ciudad tengan que dejar de serlo nos parece auspicioso, no es menor que el grupo Clarín deba definir quedarse con el sistema de TV por cable o el canal de aire o la frecuencia de FM que jamás utilizó.
Igualmente el impacto real de la nueva ley lo vemos hacia delante. La posibilidad que nuevos actores participen del proceso de comunicación en la ciudad es lo más importante que tendrá la nueva ley.
Ante la reciente aparición de televisoras de baja potencia en la ciudad, ponemos el alerta en la cuota del 33% para entidades sin fines de lucro que debe reservarse. Hoy todos los canales de aire que ocupan el espectro son privados.
Decidimos realizar estas aclaraciones y expresar nuestras opiniones porque nos reconocemos activos impulsores del proceso participativo que desembocó en la Ley de SCA. Integramos hace décadas redes de medios comunitarios que fueron el motor de esta nueva norma tan resistida por los grupos concentrados y sus lobistas.
Decidimos opinar porque nos preocupa que el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social -que ofrece la carrera de periodismo-, no se preocupe por la educación de sus alumnos y alumnas. Sin duda las palabras expresadas en este informe audiovisual desarrollado por integrantes del 2º año de dicha carrera, no abarcan la totalidad de las expresiones que hay en nuestra comunidad.
Nos preocupa también la opinión de algunos y algunas colegas que claramente en el informe comparten la mirada de los y las responsables de haber escrito las páginas más oscuras y sangrientas de Bahía Blanca.
Sin duda esta Ley es lo mejor que le pasó a esta joven democracia. Fueron miles y de diversas maneras, los y las que nos sentimos parte. Minimizar la importancia de la Ley por los roces que el gobierno tiene con uno de los monopolios del país es un error y una irresponsabilidad.
Con esto, lejos de pretender cerrar el debate esperamos que generen nuevos espacios de discusión sobre éste y otros aspectos vinculados a la comunicación.
COLECTIVO FM DE LA CALLE
Uno de esos trabajos, puede verse en esta entrada e incluye opiniones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Luis Alberto Cano, Sandra Crucianelli, Vicente Massot, Gustavo Mandará y Fernando Monaccelli.
Desde el colectivo de FM DE LA CALLE, entendemos que allí se han vertido afirmaciones que desinforman o directamente atentan contra la verdad. Por eso, así como ayer militamos a favor de la sanción de una nueva ley de radiodifusión hoy exigimos su aplicación ante la necesidad de democratizar los medios de comunicación, hacemos estos aportes y aclaraciones al debate. ENTRÁ Y LEÉ MÁS
Luis Cano ¿Por qué ahora?
No es verdad que el debate por democratizar las comunicaciones sea un tema de este gobierno. La lucha por modificar la estructura hegemónica de la comunicación en el país, viene desde los primeros tiempos de la recuperación de la democracia. Más de 70 proyectos durmieron en el parlamento argentino por la complicidad del bipartidismo con los sectores de poder.
Se logró instalar el debate a partir del trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, espacio que integramos más de 300 organizaciones de todo el país. Desde allí las dos centrales obreras, las universidades públicas, organismos de derechos humanos y movimientos de radios comunitarias, armamos la plataforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Con la disputa que generó la resolución 125 entre el ejecutivo nacional y los sectores agroexportadores, el gobierno decide dar lugar a esas expresiones que subterráneamente veníamos trabajando.
Sin duda que hasta ese momento la fracción del peronismo que gobierna desde 2003 había seguido la lógica de anteriores gestiones en permitirle a los monopolios desarrollarse sin límites.
“¿El órgano de contralor?”, se pregunta Luis Alberto Cano. No existen muchas experiencias en el mundo donde la autoridad de aplicación integre a legisladores y legisladoras de las minorías representadas en ese cuerpo. Esto genera un precedente para otras legislaciones del planeta.
Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, en su último informe toma como ejemplo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro, La Rue no contaminado por los medios hegemónicos visualizó que el proyecto de ley vino trabajándose desde una infinidad de organizaciones que expresan la diversidad político cultural del país. Salvo nuestro medio, jamás se pudo ver, leer o escuchar en la ciudad la opinión de esta palabra autorizada.
Precarizar el trabajo periodístico
La periodista Sandra Crucianelli dice no apoyar la ley de SCA porque precariza el trabajo periodístico. Habría que preguntarse en que condiciones trabajan hoy los y las profesionales de la prensa.
Sandra dice no estar de acuerdo en una ley que legisle hacia atrás. Debemos afirmar que la ley lejos está de esa afirmación.
En principio hay que aclarar que la nueva normativa modifica aspectos fundamentales en las concepciones de la comunicación. Cambia conceptos ideológicos de la última dictadura militar para reemplazarlos por una mirada profundamente democratizante. Por lo tanto, urge modificar el mapa de medios construido hasta el momento porque está articulado sobre una sociedad culturalmente represiva y autoritaria.
Además, respecto de los derechos adquiridos por las empresas periodísticas hay que decir que la ley actual da una serie de plazos para que las personas jurídicas que no se ajusten a la misma se desprendan de las licencias.
Crucianelli más adelante dice no estar de acuerdo con que se le otorgue el 33% del espectro a entidades sin fines de lucro porque estas instituciones no podrían respetar los derechos laborales.
En principio hay que mencionar que hay leyes que regulan las relaciones laborales y son las mismas que en todo caso deberían ser tenidas en cuenta por cualquier licenciataria de un medio de comunicación y sus trabajadores y trabajadoras. No creemos que esta ley de medios tenga que entrometerse en materia de legislación laboral.
Además, los requisitos para que una institución sin fines de lucro acceda a una licencia son las mismas que para cualquiera otra figura legal.
Por otro lado, nos parece alocado poner ese argumento cuando todos los gremios de prensa apoyaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Puede leerse en este link (http://www.coalicion.org.ar/) los “21 puntos para una ley de radiodifusión de la democracia” donde quedaba claramente expresada la defensa de las fuentes y condiciones de trabajo.
Igualmente, siguiendo el argumento de Crucianelli es cierto que se presentarán dificultades económicas en el sostenimiento de los medios sin fines de lucro pero no por eso debemos rechazar su desarrollo. En todo caso, el eje de la discusión debería pasar por la distribución de la pauta publicitaria -oficial y privada- que esta ley no se propone regular y por ende, necesitaría una norma específica que impida su concentración en los multimedios.
En el caso local, las consecuencias de esta concentración se notan claramente con la influencia mediática, política y económica que ejerce el grupo Rex-La Nueva Provincia y sus medios satélites.
Por último, vale subrayar la enorme diferencia que existe entre los medios que se incluyan en el 33% del espectro “sin fines de lucro” y el 33% correspondiente a los medios privados: los primeros se organizan para garantizar el derecho humano a la comunicación y los segundos para “vender” productos informativos y entretenimientos audiovisuales.
Vicente Massot y Fernando Monaccelli
De la opinión de estos personajes poco vamos a explayarnos. Esta claro que nuestra cosmovisión de la vida, la cultura y la política van a contrapelo de la suya. Lo dijimos el 2 de agosto de 2009 en el 20º aniversario de nuestra radio cuando dimos nombre a su estudio. Desde ese día lleva las banderas de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ese día en la apertura del programa hablamos de “Ellos” (el monopolio) y “Nosotros” dejando claramente sentada la línea divisoria en defensa de la vida que nos separa.
Pero tenemos para refutar algunos dichos del ex ministro de Defensa menemista eyectado del cargo por su amor a la picana.
Según Massot la ley está “mal redactada”. Esta afirmación no es verdad: todo el proceso de discusión y elaboración de la normativa comenzó años atrás cuando organizaciones sociales fuimos debatiendo y consensuando propuestas que posteriormente formaron la columna vertebral del anteproyecto de ley, del proyecto presentado en el Congreso de la Nación y, por último, de la Ley de Servicios de Comunicación aprobada por la amplia mayoría de los y las representantes del pueblo y de las provincias argentinas.
El proyecto pasó por la pluma de intelectuales de nuestras universidades públicas, muchos y muchas consultados por organismos internacionales como Naciones Unidas y la UNESCO en esta materia.
El anteproyecto de ley presentado por la presidenta de la Nación en el teatro Argentino de la ciudad de La Plata tenía una novedad, como pocas veces en la historia jurídica de nuestro país, el anteproyecto de la norma incluye legislación comparada. Los artículos más sensibles de la Ley de SCA tenían los detalles acerca del origen y fuentes utilizadas por sus redactores y redactoras.
Después de esta presentación se realizaron foros abiertos de debate en todo el país. Más de 1000 propuestas de modificación fue el resultado de la participación de la comunidad.
Por último, el proyecto -atendiendo los cambios pedidos en los foros- ingresó a varias comisiones de la Cámara de Diputados. Allí las distintas fuerzas políticas debatieron el tema y se sumaron audiencias públicas donde nuevamente todas las personas con interés pudieron expresarse.
No cabe duda que para los Massot es esa “desprolijidad” -la de la participación social- la que los perturba. Siempre les fue mejor con el lobby.
Monaccelli, en tanto, afirma que el debate sobre las normas que regulan las comunicaciones no es necesario. Si leemos las editoriales del diario La Nación posteriores al anuncio de los debates por la nueva ley entenderemos el pensamiento del escriba del diario naval. La Nación decía por esos días que la mejor ley es la que no existe. Esa declaración de principios del diario mitrista explica porque para Monacelli y compañía nunca será prioritario discutir ley ninguna que profundice la “democracia formal” que supimos conseguir.
Los nuevos escenarios
El actual responsable de la autoridad de aplicación local (AFSCA-ex COMFER), Gustavo Mandará, no visualiza muchos cambios en el esquema local de los medios de comunicación. En FM De la Calle somos más optimistas. Ya nos tildaban de locos cuando decíamos que la ley iba a salir.
Que los grupos monopólicos instalados desde hace mucho tiempo en la ciudad tengan que dejar de serlo nos parece auspicioso, no es menor que el grupo Clarín deba definir quedarse con el sistema de TV por cable o el canal de aire o la frecuencia de FM que jamás utilizó.
Igualmente el impacto real de la nueva ley lo vemos hacia delante. La posibilidad que nuevos actores participen del proceso de comunicación en la ciudad es lo más importante que tendrá la nueva ley.
Ante la reciente aparición de televisoras de baja potencia en la ciudad, ponemos el alerta en la cuota del 33% para entidades sin fines de lucro que debe reservarse. Hoy todos los canales de aire que ocupan el espectro son privados.
Decidimos realizar estas aclaraciones y expresar nuestras opiniones porque nos reconocemos activos impulsores del proceso participativo que desembocó en la Ley de SCA. Integramos hace décadas redes de medios comunitarios que fueron el motor de esta nueva norma tan resistida por los grupos concentrados y sus lobistas.
Decidimos opinar porque nos preocupa que el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social -que ofrece la carrera de periodismo-, no se preocupe por la educación de sus alumnos y alumnas. Sin duda las palabras expresadas en este informe audiovisual desarrollado por integrantes del 2º año de dicha carrera, no abarcan la totalidad de las expresiones que hay en nuestra comunidad.
Nos preocupa también la opinión de algunos y algunas colegas que claramente en el informe comparten la mirada de los y las responsables de haber escrito las páginas más oscuras y sangrientas de Bahía Blanca.
Sin duda esta Ley es lo mejor que le pasó a esta joven democracia. Fueron miles y de diversas maneras, los y las que nos sentimos parte. Minimizar la importancia de la Ley por los roces que el gobierno tiene con uno de los monopolios del país es un error y una irresponsabilidad.
Con esto, lejos de pretender cerrar el debate esperamos que generen nuevos espacios de discusión sobre éste y otros aspectos vinculados a la comunicación.
COLECTIVO FM DE LA CALLE
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