La Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe integra el conjunto de 20 organizaciones que el miércoles 9 de junio presentamos un amicus curiae a la Corte Suprema de Justicia para expresar nuestro punto de vista sobre la suspensión de la Ley de Servicios de comunicación audiovisual a partir de una medida cautelar otorgada por la jueza Olga Pura de Arrabal y ratificada posteriormente por la Cámara Federal de Mendoza. A partir de un recurso interpuesto por el Estado Nacional, el caso fue admitido por la Corte Suprema de Justicia el 19 de mayo.El texto fue presentado por facultades o departamentos de universidades públicas de Ciencias Sociales y Periodismo, sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación, asociaciones que nuclean a emisoras con y sin fines de lucro y asociaciones de la sociedad civil y centros de estudios universitarios.
En él se sostiene que en el dictado de la medida cautelar no se han considerado “los derechos subjetivos de personas , colectivos de personas o entidades que tienen intereses y derechos directamente afectados por la suspensión de la ley 26.522, cuando no directamente negados de plano por la irregular subsistencia de la norma de facto 22.285.”
A continuación el texto enumera los derechos individuales y colectivos vulnerados. En primer lugar, al suspenderse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, subsisten las limitaciones inconstitucionales que imponía la ley 22.285 que impide ser titulares de licencias de radiodifusión a universidades, pueblos originarios, entidades sin fines de lucro y cooperativas. El texto precisa que “en particular, los titulares de radios comunitarias han sido afectados por la decisión cautelar, ante la imposibilidad de solicitar una licencia, lo que atenta contra la ampliación de la pluralidad y la diversidad”. En segundo lugar, se señala que la medida cautelar afecta los derechos de las y los trabajadores de los medios de comunicación, de las y los músicos independientes y de las personas con capacidades diferentes.
El amicus curiae sostiene que “la medida cautelar dictada impone, como señalamos, restricciones en el ejercicio de derechos humanos de terceros, individuales y de grupos, protegidos por tratados de derechos humanos incorporados de la Constitución, como, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, situación que requiere una ponderación estricta de su adecuación, razonabilidad o proporcionalidad”. La medida cautelar en aras de proteger los derechos del demandante -el diputado nacional Enrique Thomas- impone restricciones serias a los derechos de otras personas y grupos. Situación que no fue ni siquiera considerada por la Cámara Federal de Mendoza que priorizó el interés individual del demandante sin considerar los efectos de esta medida sobre el conjunto de la sociedad.
El conjunto de las organizaciones de diverso tipo que venimos luchando por la democratización de las comunicaciones en nuestro país continuamos trabajando en la articulación de este tipo de acciones destinadas a exigir la aplicación inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en tanto que amplía el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.
El recurso fue firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora así como el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato Argentino de la Televisión, entre otros sindicatos.
Sumaron también su firma la Unión de Músicos Independientes, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. La presentación fue patrocinada por los abogados Damián Loreti, Analía Elíades, Andrea Pochak, Diego Morales y Víctor Abramovich.
No hay comentarios:
Publicar un comentario