Rosario Espina, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional, se refirió esta mañana en FM De la Calle a la nueva huelga de hambre que comenzaron el cacique Félix Díaz y otros y otras integrantes de la comunidad qom La Primavera que acampan hace cinco meses en avda. 9 de Julio -Capital Federal- exigiendo al gobierno nacional una respuesta a su reclamo por la restitución de sus tierras en la provincia de Formosa.
"De fondo es una situación de tierras pero también hay todo un cuadro de desatención -hambre, falta de atención médica, de viviendas- que es gravísimo. No podemos permitir, por lo menos nosotros que trabajamos en una organización de derechos humanos, que se siga hablando y los derechos humanos del presente que están relacionados con la pobreza no sean atendidos", sostuvo. (Entrá y escuchá la nota)
El 23 de noviembre de 2010, luego de cuatro meses de cortes intermitentes en la ruta nacional 86, cerca de Laguna Blanca, en el norte formoseño, la policía desalojó violentamente la protesta de los indígenas, asesinando un integrante de la comunidad y un efectivo policial.
Si bien la intención de los manifestantes es ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández, Espina aseguró que ya en las gestiones realizadas en diciembre luego de la primera huelga de hambre, "no había ninguna persona que pudiera tomar una decisión real. Esto no se soluciona con pequeñas ayudas, es una decisión política que tienen que tomar ministros o la presidenta. La provincia de Formosa no tiene ningún respeto ni cuidado por los derechos de los pueblos indígenas".
"Un mes después de la promesa del ministro del Interior, Florencio Randazzo, a Félix Díaz que en 48 horas le solucionaba las cosas, pasó un mes y no le había solucionado nada y luego manda a su secretario que por supuesto tampoco aporta nada", relató.
Mientras tanto, en Formosa "la situación es muy similar, lo más grave es la falta de DNI porque no tienen ningún acceso a la atención médica ni beneficio del gobierno, y por otro lado, está el tema de la inseguridad: la policía son personas vestidas de civil, con autos sin chapas en todas las entradas de la comunidad, hostigándolos constantemente y generando miedo".
Además, "la provincia inició una causa contra la comunidad por los hechos del 23 de noviembre donde ellos deberían ir a declarar y no lo hacen porque tienen miedo. Está claro que la justicia no es transparente, que es tendenciosa y saben que si van a declarar por más que hagan las cosas bien es un riesgo grande, por eso piden que la causa pase al fuero federal", destacó la coordinadora de Amnistía.
"De fondo es una situación de tierras pero también hay todo un cuadro de desatención -hambre, falta de atención médica, de viviendas- que es gravísimo. No podemos permitir, por lo menos nosotros que trabajamos en una organización de derechos humanos, que se siga hablando y los derechos humanos del presente que están relacionados con la pobreza no sean atendidos", sostuvo. (Entrá y escuchá la nota)
El 23 de noviembre de 2010, luego de cuatro meses de cortes intermitentes en la ruta nacional 86, cerca de Laguna Blanca, en el norte formoseño, la policía desalojó violentamente la protesta de los indígenas, asesinando un integrante de la comunidad y un efectivo policial.
Si bien la intención de los manifestantes es ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández, Espina aseguró que ya en las gestiones realizadas en diciembre luego de la primera huelga de hambre, "no había ninguna persona que pudiera tomar una decisión real. Esto no se soluciona con pequeñas ayudas, es una decisión política que tienen que tomar ministros o la presidenta. La provincia de Formosa no tiene ningún respeto ni cuidado por los derechos de los pueblos indígenas".
"Un mes después de la promesa del ministro del Interior, Florencio Randazzo, a Félix Díaz que en 48 horas le solucionaba las cosas, pasó un mes y no le había solucionado nada y luego manda a su secretario que por supuesto tampoco aporta nada", relató.
Mientras tanto, en Formosa "la situación es muy similar, lo más grave es la falta de DNI porque no tienen ningún acceso a la atención médica ni beneficio del gobierno, y por otro lado, está el tema de la inseguridad: la policía son personas vestidas de civil, con autos sin chapas en todas las entradas de la comunidad, hostigándolos constantemente y generando miedo".
Además, "la provincia inició una causa contra la comunidad por los hechos del 23 de noviembre donde ellos deberían ir a declarar y no lo hacen porque tienen miedo. Está claro que la justicia no es transparente, que es tendenciosa y saben que si van a declarar por más que hagan las cosas bien es un riesgo grande, por eso piden que la causa pase al fuero federal", destacó la coordinadora de Amnistía.
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