Por el derecho a la vivienda

Vecinas y vecinos toman posición dentro de las viviendas sin culminar en Villa Delfina correspondientes a los Planes Federales que se pusieron en marcha en 2007. Unas 200 familias manifestaron su agotamiento por la espera y, ante la urgente necesidad de contar con un techo, tomaron el barrio en construcción. 

Se trata de 2000 viviendas cuya obra está “parada” hace dos años. De ésta manera los y las manifestantes pudieron hacer visible un problema central en la ciudad de Bahía Blanca: el déficit de vivienda y el retraso en la construcción de las mismas. 

Estudios rubricados por profesionales de la Universidad del Sur hablan de un déficit de 12 000 viviendas en esta ciudad. El problema es claro y vulnera uno de los Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales. 

Pese a expresar el reclamo un derecho genuino y un severo retraso por parte del gobierno en la ejecución del plan, la respuesta del oficialismo fue dura y apunta a desoír la protesta hasta desalojar a las familias sin techo que hoy están presentes en las viviendas. 

El Secretario de Promoción Social Diego Palomo decretó dar de baja el cobro de planes sociales a aquellas personas que no abandonen la toma hasta el lunes. Del mismo modo afirmó que “quienes estén en situación de usurpación no van a entrar en éste ni en futuros planes de vivienda”.

A pesar que el ultimátum vencería el primer día de la semana próxima, desde la toma hubo mujeres que denunciaron que desde el jueves las tarjetas para cobrar la asistencia estatal ya estaban inhabilitadas. 

Por otra parte, el Ministerio de Justicia dispuso la construcción de un cerco perimetral con la orden de no dejar reingresar al lugar a las personas que salga por cualquier motivo. Esto supone severos problemas humanitarios ya que se ejerce una presión sobre un grupo de personas indefensas y sin techo amedrentados por una presencia policial numerosa. Nadie puede ir a trabajar, nadie puede buscar alimentos o agua potable. 

La política de cercar la zona y forzar al confinamiento tiene ribetes represivos de una compleja entraña ideológica. Mientras tanto el Consejo Local Económico Social (CLES), con la ausencia del FPV y protagonistas de “la toma” que no pudieron salir, emitió un comunicado donde solicitan la prorroga del decreto como puede leerse en este documento. 

Abogados consultados por FM De la Calle encontraron muchas similitudes entre el decreto de los funcionarios municipales con el de Mauricio Macri en la toma del “Indoamericano” el año pasado. 

Varias organizaciones políticas realizaron gestiones ante la justicia para tratar de que a las familias se les garantizaran los derechos mínimos ya que los poderes públicos, político, judicial y de seguridad impidieron la posibilidad de que se provean de agua y alimentos. 

Además algunos vecinos expresaron que fueron echados de sus trabajos particulares “por participar del conflicto”. Fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicales se solidarizan con las familias que reclaman por vivienda propia en el marco de una mala ejecución de los planes de construcción de las mismas. 

Convocaron para mañana sábado a las 10:30 en Arias y Pedro Pico y pidieron colaborar acercando agua potable y alimentos para quienes luchan por vivienda digna.