La jueza federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Arguelles, a cargo de la investigación de los delitos de lesa humanidad de su región resolvió el 8 de abril declararse incompetente para investigar los casos de 22 víctimas de las detenciones-desapariciones del genocidio cívico militar.Mayoritariamente, son los mismos por los que el ex magistrado Guillermo Labate se había declarado incompetente y que luego de que la Fiscalia y las querellas interpongan "recursos de reposición", desistiera de su intención y continuara investigando.
"A pesar que esta cuestión ya estaba resuelta y firme, la jueza federal se vuelve a declarar incompetente y ordena que esos casos sean enviados al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca", dijeron mediante un comunicado de prensa desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos neuquino.
Esta mañana, la dra. Natalia Hormazábal integrante de dicho colectivo y querellante en las causas, afirmó en "En eso estamos" que "el principal argumento acerca del destino de estas víctimas se decidía en Bahía Blanca como sede del V Cuerpo".
"Otra de las cuestiones que plantea es que las víctimas, si bien está comprobado su paso por La Escuelita de Neuquén, terminan en La Escuelita de Bahía y muchas de ellas continúan desaparecidas vistas por última vez en Bahía Blanca", dijo y agregó que "el argumento más terrible es que es en La Escuelita bahiense donde se les aplicaron los tormentos más férreos, ¿cómo la jueza puede pensar en qué lugar fueron más torturados? Nos parece gravísimo".
Además, Hormazábal advirtió que con estas medidas se encuentran a tono con la política nacional de desmembrar las causas para juzgar a "algunos" genocidas y no a todos, para "mostrar 'celeridad' en las causas contra los genocidas a costa de impunidad".
Un último punto que mencionaron desde el CeProDH fue que "esta declaración de incompetencia atenta también contra la propia historia de nuestra zona, negando el circuito represivo que conformaron todas las fuerzas represivas. Resulta elocuente que en el 'Operativo Cutral Co' se hayan secuestrado a diez personas y mientras algunos son investigados aquí y hay genocidas procesados por ellos, otros son enviados a Bahía Blanca, como los casos de Dora Seguel y Carlos Chaves".
El temor central, más allá del trastorno que genera tal medida para los familiares de las víctimas, es que "el hecho de que las causas se vayan a Bahía Blanca (NdR. al Juzgado de Alcindo ÁLvarez Canale) plantea la muerte de las mismas, allí no han tenido ningún tipo de avance. Esto no quiere decir que acá la investigación vaya como queremos pero sí se han acumulado elementos probatorios que permitirían juzgar estos casos", explicó la letrada.
La entrevista ACÁ
Fotos: Hijos Alto Valle
"A pesar que esta cuestión ya estaba resuelta y firme, la jueza federal se vuelve a declarar incompetente y ordena que esos casos sean enviados al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca", dijeron mediante un comunicado de prensa desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos neuquino.
Esta mañana, la dra. Natalia Hormazábal integrante de dicho colectivo y querellante en las causas, afirmó en "En eso estamos" que "el principal argumento acerca del destino de estas víctimas se decidía en Bahía Blanca como sede del V Cuerpo".
"Otra de las cuestiones que plantea es que las víctimas, si bien está comprobado su paso por La Escuelita de Neuquén, terminan en La Escuelita de Bahía y muchas de ellas continúan desaparecidas vistas por última vez en Bahía Blanca", dijo y agregó que "el argumento más terrible es que es en La Escuelita bahiense donde se les aplicaron los tormentos más férreos, ¿cómo la jueza puede pensar en qué lugar fueron más torturados? Nos parece gravísimo".
Además, Hormazábal advirtió que con estas medidas se encuentran a tono con la política nacional de desmembrar las causas para juzgar a "algunos" genocidas y no a todos, para "mostrar 'celeridad' en las causas contra los genocidas a costa de impunidad".
Un último punto que mencionaron desde el CeProDH fue que "esta declaración de incompetencia atenta también contra la propia historia de nuestra zona, negando el circuito represivo que conformaron todas las fuerzas represivas. Resulta elocuente que en el 'Operativo Cutral Co' se hayan secuestrado a diez personas y mientras algunos son investigados aquí y hay genocidas procesados por ellos, otros son enviados a Bahía Blanca, como los casos de Dora Seguel y Carlos Chaves".
El temor central, más allá del trastorno que genera tal medida para los familiares de las víctimas, es que "el hecho de que las causas se vayan a Bahía Blanca (NdR. al Juzgado de Alcindo ÁLvarez Canale) plantea la muerte de las mismas, allí no han tenido ningún tipo de avance. Esto no quiere decir que acá la investigación vaya como queremos pero sí se han acumulado elementos probatorios que permitirían juzgar estos casos", explicó la letrada.
La entrevista ACÁ
Fotos: Hijos Alto Valle
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