"Se ofrecen una cantidad de soluciones que no tienen nada que ver con la situación real", dijo en "En eso estamos" la dra. María del Cármen Verdú desde la Correpi analizando el Plan de Seguridad Ciudadana del gobierno nacional que incluye a Bahía Blanca en su primera etapa.
La abogada aseguró que "se está buscando fortalecer el aparato represivo estatal no porque a través de ellos se vaya a neutralizar una situación que llamemoslá por comodidad 'inseguridad', de la que en definitiva son los principales responsables -¿o nos olvidamos quién secuestró a Bergara o quiénes son los principales narcotraficantes cada vez que se desbarata una gran banda en el país?-", sino porque "se trata de buscar un mayor grado de consenso y legitimación necesario cuando el gobierno avisora en el horizonte una profundización del conflicto social como el que se está produciendo a partir de los despidos, las suspenciones y demás medidas que toman las empresas para intentar garantizar sus tasas de ganancias en el marco de la crisis que ellos mismos contribuyeron a crear".
Recordemos que la presidenta Cristina Fernández presentó a fines de marzo un plan que incluye convenios con municipios para "la participación comunitaria y un desembolso de 400 millones de pesos en nuevo equipamiento" con el objetivo de "contribuir desde el gobierno a la lucha contra el delito a través de un programa nacional".
Entre otras cosas el plan prevé "duplicar el personal policial efectivo en cada una de las cuadrículas en las que se dividen las áreas de acción, que suman 1.100 en toda la primera etapa" y se basará "en la incorporación de al menos 4.000 efectivos retirados de las fuerzas armadas y de seguridad".
El ministro de Seguridad Anibal Fernández dijo en la ocasión que la iniciativa demandará "una inversión de 137 millones de pesos, a los que se sumarán otros montos en distintos recursos", por ejemplo, 500 nuevos patrulleros por $25 millones; sistemas de GPS por $5,4 millones; teléfonos nuevos por $27,8 millones y cámaras de video por $203 millones.
Escuchá o bajate la entrevista ACÁ
La abogada aseguró que "se está buscando fortalecer el aparato represivo estatal no porque a través de ellos se vaya a neutralizar una situación que llamemoslá por comodidad 'inseguridad', de la que en definitiva son los principales responsables -¿o nos olvidamos quién secuestró a Bergara o quiénes son los principales narcotraficantes cada vez que se desbarata una gran banda en el país?-", sino porque "se trata de buscar un mayor grado de consenso y legitimación necesario cuando el gobierno avisora en el horizonte una profundización del conflicto social como el que se está produciendo a partir de los despidos, las suspenciones y demás medidas que toman las empresas para intentar garantizar sus tasas de ganancias en el marco de la crisis que ellos mismos contribuyeron a crear".
Recordemos que la presidenta Cristina Fernández presentó a fines de marzo un plan que incluye convenios con municipios para "la participación comunitaria y un desembolso de 400 millones de pesos en nuevo equipamiento" con el objetivo de "contribuir desde el gobierno a la lucha contra el delito a través de un programa nacional".
Entre otras cosas el plan prevé "duplicar el personal policial efectivo en cada una de las cuadrículas en las que se dividen las áreas de acción, que suman 1.100 en toda la primera etapa" y se basará "en la incorporación de al menos 4.000 efectivos retirados de las fuerzas armadas y de seguridad".
El ministro de Seguridad Anibal Fernández dijo en la ocasión que la iniciativa demandará "una inversión de 137 millones de pesos, a los que se sumarán otros montos en distintos recursos", por ejemplo, 500 nuevos patrulleros por $25 millones; sistemas de GPS por $5,4 millones; teléfonos nuevos por $27,8 millones y cámaras de video por $203 millones.
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