El ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli denunció al juez Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, por el presunto delito de "omisión de denuncia" al no presentarse ante el fuero penal para aportar pruebas sobre sus dichos contra la policía provincial.
En diálogo con Enredados y como ya lo viene denunciando en distintos medios, Arias aseguró que la policía "recluta" menores de edad para delinquir.
En octubre de 2008, un fallo de Arias prohibió a la policía detener en La Plata a menores de edad por contravenciones y averiguación de identidad, pero días atrás la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata autorizó la detención por esos motivos, generando un conflicto que llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que aún no se expidió.
En la misma línea que el ministro, el gobernador Scioli desoyó los argumentos del magistrado y afirmó que "con esta policía estamos dando una lucha contra la delincuencia en todos sus frentes, abatiendo delincuentes, en muchos casos en enfrentamientos con la policía o secuestrando volúmenes récord de drogas; desmantelando desarmaderos" y agregó que "todo el Estado tiene que estar comprometido en esta lucha así que, más que una escalada de polémica, declaraciones o denuncias, yo lo que busco es solución".
Varios expedientes penales de 2008 y 2009 y las denuncias que desde hace más de siete años presenta la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) serían el sostén de una denuncia espeluznante: hay grupos dentro de la Policía Bonaerense que “reclutan” menores de edad, la mayoría muy pobres y con problemas en la Justicia, para cometer delitos.
El juez bonaerense Luis Arias fue quien hizo pública la denuncia presentando una lista con 23 causas donde, según explicó a Críticadigital, aparecen serios indicios de este reclutamiento. Según el magistrado, aunque es muy difícil hallar pruebas en estos casos para denunciar “con nombre y apellido”, existen una serie de datos, denuncias, artículos periodísticos y demás informaciones que permiten hacer una “reconstrucción de la realidad”.
Consultado por Criticadigital sobre cuáles son los datos que se desprenden de esos archivos que examinó, explicó que hay “declaraciones de chicos o parientes directos, como los padres, donde dan cuenta de las presiones de la policía para reclutarlos”. Muchas veces, aseguró, los contactos son indirectos, por “vecinos o familiares”. El pago habitual, son armas o drogas.
El juez de La Plata, enfrentado públicamente al titular de la cartera de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, recordó el caso de Valentín Alsina, donde un policía denunció a sus compañeros de reclutar “pibes chorros” para cometer delitos, y les pagaban con 40 dosis de paco. El resultado de ese modus operandi fue la muerte de Daniel Capristo, un camionero de 45 años de Lanús. Un chico de 14 años lo mató de seis balazos.
En declaraciones a TN, Casal calificó de "imprudentes" las declaraciones del magistrado, a quien le reclamó que "pruebe lo que dice". "Un juez debe tener la prudencia de opinar de modo académico y no político. Arias tiene opinión formada pero excede el rol de juez que tiene", disparó contra Arias.
GATILLO FÁCIL Y “PEREJILES”. “La mano de obra explotada del negocio del delito es el pibe chorro, la policía no termina de investigar nunca estos casos y si un pibe se niega, es boleta”. Así resumió otra arista de esta situación Gustavo Filograsso, de la Correpi, a Críticadigital. A los que fallan, se quedan con un vuelto o se niegan a cumplir las tareas que le ordenan los policías corruptos, los espera un sólo destino: el gatillo fácil.
El más famoso de ellos –o al menos uno de los últimos- es el de Luciano Arruga, un chico de 17 años desaparecido desde el 31 de enero pasado. Vivía en una casilla muy humilde en Lomas del Mirador. En la madrugada de ese sábado Luciano fue a visitar a Oscar, un amigo del barrio. Al llegar a la puerta tocó timbre, pero cuando abrieron ya no estaba. “Hay vecinos que lo escucharon gritar ‘no quiero agarrar eso, no es mío’”, contó su hermana, Vanesa Orieta.
El “Escuadrón de la Muerte”, que operó en 2002 en la zona de Munro –para reclutar menores- y San Isidro –para cometer los delitos-, fue uno de los que disparó el lanzamiento de la Correpi. Asesinó al menos a seis chicos, aseguró Silvia Góngora, de la Correpi. “Su situación derivó en una acordada de la Corte provincial. Solicitó un informe y publicó una lista de 60 menores donde se comprobó que trabajaban para la policía y, porque no `cerraron los números´ o se negaron a trabajar, los mataron”, amplió.
Este escuadrón operaba también a través de una empresa de seguridad privada, Tres Ases, y estaba vinculado con varias comisarías de la zona. “Lo que hacían era llevarle una especie de `book´ a vecinos y comerciantes con fotos de los pibes del barrio, muchos enfermos de adicciones a drogas como el Poxirán. Cuando esos pibes no respetaban la orden de ellos de no robar (mientras los policías los mandaban a robar) aparecían fusilados. Después les mostraban las fotos a los comerciantes para mostrarles el trabajo que ellos hacían y por el cual les pagaban”, contó Góngora a Críticadigital.
La lista de casos es extensa, como el del policía René Francisco Moreno, imputado por fusilar a un pibe que se quedó con el vuelto de una venta de droga, o el de Matías Barzola, un chico cartonero de 16 años que murió presuntamente en manos del oficial Ramón "el Oso" Pelozo, que lo intimidaba haciéndose llamar el "Mataguachos" de Fiorito.
También sucede que a los “pibes chorros” se los implica en asuntos graves como homicidios para que cumplan las penas como menores de edad. Se trata de los llamados “perejiles”, como
los hermanos Aguilera que, como narró Góngora, son “unos chicos muy pobres de Virrey del Pino que trabajaban en una granja y les imputaron el asesinato de un policía”. Mediante la defensa de la Correpi lograron su absolución.
En diálogo con Enredados y como ya lo viene denunciando en distintos medios, Arias aseguró que la policía "recluta" menores de edad para delinquir.
En octubre de 2008, un fallo de Arias prohibió a la policía detener en La Plata a menores de edad por contravenciones y averiguación de identidad, pero días atrás la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata autorizó la detención por esos motivos, generando un conflicto que llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que aún no se expidió.
En la misma línea que el ministro, el gobernador Scioli desoyó los argumentos del magistrado y afirmó que "con esta policía estamos dando una lucha contra la delincuencia en todos sus frentes, abatiendo delincuentes, en muchos casos en enfrentamientos con la policía o secuestrando volúmenes récord de drogas; desmantelando desarmaderos" y agregó que "todo el Estado tiene que estar comprometido en esta lucha así que, más que una escalada de polémica, declaraciones o denuncias, yo lo que busco es solución".
Varios expedientes penales de 2008 y 2009 y las denuncias que desde hace más de siete años presenta la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) serían el sostén de una denuncia espeluznante: hay grupos dentro de la Policía Bonaerense que “reclutan” menores de edad, la mayoría muy pobres y con problemas en la Justicia, para cometer delitos.
El juez bonaerense Luis Arias fue quien hizo pública la denuncia presentando una lista con 23 causas donde, según explicó a Críticadigital, aparecen serios indicios de este reclutamiento. Según el magistrado, aunque es muy difícil hallar pruebas en estos casos para denunciar “con nombre y apellido”, existen una serie de datos, denuncias, artículos periodísticos y demás informaciones que permiten hacer una “reconstrucción de la realidad”.
Consultado por Criticadigital sobre cuáles son los datos que se desprenden de esos archivos que examinó, explicó que hay “declaraciones de chicos o parientes directos, como los padres, donde dan cuenta de las presiones de la policía para reclutarlos”. Muchas veces, aseguró, los contactos son indirectos, por “vecinos o familiares”. El pago habitual, son armas o drogas.
El juez de La Plata, enfrentado públicamente al titular de la cartera de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, recordó el caso de Valentín Alsina, donde un policía denunció a sus compañeros de reclutar “pibes chorros” para cometer delitos, y les pagaban con 40 dosis de paco. El resultado de ese modus operandi fue la muerte de Daniel Capristo, un camionero de 45 años de Lanús. Un chico de 14 años lo mató de seis balazos.
En declaraciones a TN, Casal calificó de "imprudentes" las declaraciones del magistrado, a quien le reclamó que "pruebe lo que dice". "Un juez debe tener la prudencia de opinar de modo académico y no político. Arias tiene opinión formada pero excede el rol de juez que tiene", disparó contra Arias.
GATILLO FÁCIL Y “PEREJILES”. “La mano de obra explotada del negocio del delito es el pibe chorro, la policía no termina de investigar nunca estos casos y si un pibe se niega, es boleta”. Así resumió otra arista de esta situación Gustavo Filograsso, de la Correpi, a Críticadigital. A los que fallan, se quedan con un vuelto o se niegan a cumplir las tareas que le ordenan los policías corruptos, los espera un sólo destino: el gatillo fácil.
El más famoso de ellos –o al menos uno de los últimos- es el de Luciano Arruga, un chico de 17 años desaparecido desde el 31 de enero pasado. Vivía en una casilla muy humilde en Lomas del Mirador. En la madrugada de ese sábado Luciano fue a visitar a Oscar, un amigo del barrio. Al llegar a la puerta tocó timbre, pero cuando abrieron ya no estaba. “Hay vecinos que lo escucharon gritar ‘no quiero agarrar eso, no es mío’”, contó su hermana, Vanesa Orieta.
El “Escuadrón de la Muerte”, que operó en 2002 en la zona de Munro –para reclutar menores- y San Isidro –para cometer los delitos-, fue uno de los que disparó el lanzamiento de la Correpi. Asesinó al menos a seis chicos, aseguró Silvia Góngora, de la Correpi. “Su situación derivó en una acordada de la Corte provincial. Solicitó un informe y publicó una lista de 60 menores donde se comprobó que trabajaban para la policía y, porque no `cerraron los números´ o se negaron a trabajar, los mataron”, amplió.
Este escuadrón operaba también a través de una empresa de seguridad privada, Tres Ases, y estaba vinculado con varias comisarías de la zona. “Lo que hacían era llevarle una especie de `book´ a vecinos y comerciantes con fotos de los pibes del barrio, muchos enfermos de adicciones a drogas como el Poxirán. Cuando esos pibes no respetaban la orden de ellos de no robar (mientras los policías los mandaban a robar) aparecían fusilados. Después les mostraban las fotos a los comerciantes para mostrarles el trabajo que ellos hacían y por el cual les pagaban”, contó Góngora a Críticadigital.
La lista de casos es extensa, como el del policía René Francisco Moreno, imputado por fusilar a un pibe que se quedó con el vuelto de una venta de droga, o el de Matías Barzola, un chico cartonero de 16 años que murió presuntamente en manos del oficial Ramón "el Oso" Pelozo, que lo intimidaba haciéndose llamar el "Mataguachos" de Fiorito.
También sucede que a los “pibes chorros” se los implica en asuntos graves como homicidios para que cumplan las penas como menores de edad. Se trata de los llamados “perejiles”, como
los hermanos Aguilera que, como narró Góngora, son “unos chicos muy pobres de Virrey del Pino que trabajaban en una granja y les imputaron el asesinato de un policía”. Mediante la defensa de la Correpi lograron su absolución.
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