La semana pasada un grupo de familiares de víctimas del franquismo representados por abogados argentinos y con el respaldo de organismos de derechos humanos comenzaron una causa que busca que la justicia argentina investigue los crímenes que España se niega a juzgar.
Fue un día que quedará para la historia del derecho intenacional el míercoles 14 porque la denuncia llevada ante los tribunales de Comodoro Py puede convertirse en una megacausa que termine con más de 70 años de impunidad sobre las atrocidades cometidas por el régimen franquista.
La jueza María Romilda Servini de Cubría dispone de un mes para definir si se declara competente para seguir los pasos de su colega español Baltasar Garzón, acorralado por grupos derechistas que persiguen su destitución por querer echar luz sobre el genocidio ocurrido en su país entre 1936 y 1977.
Los familiares de víctimas de dirigentes asesinados durante el franquismo, Darío Rivas –de 91 años– e Inés García Holgado, junto a una decena de organismos de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas, suscriben la demanda que es la punta del ovillo para que otras víctimas presten testimonio de los crímenes cometidos contra sus familiares. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Federación de Asociaciones Gallegas, son algunas de las firmantes. El Serpaj, Madres Línea Fundadora y la CTA se incorporarán también en los próximos días.
El abogado argentino radicado en Madrid, Carlos Slepoy, encabeza el grupo de letrados que trabajaron contra reloj para lograr que el escrito presentado contara con la mayor cantidad de adhesiones posible. Entre aplausos de los asistentes y banderas tricolores desplegadas, la jornada tuvo un doble significado: un hito en la historia del derecho internacional por la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad jamás investigados, y la fecha del 79º aniversario de la fundación de la Segunda República.
Escuchá la charla que mantuvimos con Slepoy quien también impulsó los procesos contra genocidas argentinos desde España:
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Nota relacionada: "Una mujer en lucha por la memoria" La valenciana Empar Salvador Villanova mostró en Bahía los resultados de una investigación sobre el alcance de la represión franquista "que incluye el descubrimiento de seis fosas comunes junto con los libros de enterramientos que hicieron los propios fascistas que entre las seis ocupan una superficie de 41 mil 20 metros cuadrados y han resultado ser las más grandes de toda la historia europea del siglo XX, teniendo en cuenta que en aquella época Valencia era una ciudad que no llegaba a 400 mil habitantes".
Fuentes: Página/12 y Enredados.
Fue un día que quedará para la historia del derecho intenacional el míercoles 14 porque la denuncia llevada ante los tribunales de Comodoro Py puede convertirse en una megacausa que termine con más de 70 años de impunidad sobre las atrocidades cometidas por el régimen franquista.
La jueza María Romilda Servini de Cubría dispone de un mes para definir si se declara competente para seguir los pasos de su colega español Baltasar Garzón, acorralado por grupos derechistas que persiguen su destitución por querer echar luz sobre el genocidio ocurrido en su país entre 1936 y 1977.
Los familiares de víctimas de dirigentes asesinados durante el franquismo, Darío Rivas –de 91 años– e Inés García Holgado, junto a una decena de organismos de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas, suscriben la demanda que es la punta del ovillo para que otras víctimas presten testimonio de los crímenes cometidos contra sus familiares. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Federación de Asociaciones Gallegas, son algunas de las firmantes. El Serpaj, Madres Línea Fundadora y la CTA se incorporarán también en los próximos días.
El abogado argentino radicado en Madrid, Carlos Slepoy, encabeza el grupo de letrados que trabajaron contra reloj para lograr que el escrito presentado contara con la mayor cantidad de adhesiones posible. Entre aplausos de los asistentes y banderas tricolores desplegadas, la jornada tuvo un doble significado: un hito en la historia del derecho internacional por la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad jamás investigados, y la fecha del 79º aniversario de la fundación de la Segunda República.
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Fuentes: Página/12 y Enredados.
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