A pesar de las pruebas

El titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, denunció esta semana una nueva acción del juez Alcindo Álvarez Canale, a cargo del Juzgado Federal Nº1, para "facilitar impunidades en el marco de las causas por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la ciudad y la zona".
El fiscal Abel Córdoba solicitó al magistrado "la detención de dos colaboradores y colaboracionistas del ex juez genocida fallecido impune, Guillermo Federico Madueño. Se trata de la dra. Gloria Girotti, a quien hace poco se le ha dejado en suspenso hasta ser evaluado por estas razones, su cargo en la Universidad Nacional del Sur; y al dr. Hugo Mario Sierra, que a pesar de las mismas razones increíblemente sigue siendo docente en la UNS en el Dpto. de Derecho".
"Ambos han negado siempre conocer lo que pasaba en el juzgado genocida de Madueño, cuando no hay quien pueda negar que los secretarios saben tanto como el Juez en un juzgado cualquiera. ¿O acaso los secretarios del juez Álvarez Canale son asépticos también?", advirtió Hidalgo.
Además, destacó que existen testimonios en la causa que "ameritan no solo su detención sino su juzgamiento y condena, por las conductas de negación de justicia al actuar por entonces sin un mínimo básico de compromiso con lo que la justicia como poder y salvaguarda del ciudadano los obligaba. Algunas de las víctimas que sacadas del CCD, eran interrogadas atadas e incluso vendadas, por Madueño en presencia de una mujer algunas veces o un hombre otras, a los que los secuestrados y torturados identifican como secretarios del juez genocida".
Leé el comunicado completo ingresando a la nota o escuchá abajo la entrevista.
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Foto: Álvarez Canale (imágen propia)

NI OLVIDO-NI PERDON-NI RECONCILIACION-NI OPERATORIAS DE IMPUNIDAD

Hemos expuesto más de una vez nuestra opinión pública y denuncia ante los organismos competentes, respecto de las que entendemos son operatorias que facilitan impunidades en el marco de las causas por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la ciudad y la zona, como en todo el territorio que se conoció como Subzona 51, en la que se llevó adelante el Plan de Exterminio planificado por la Dictadura Cívico Militar Genocida.

A pesar de nuestra contribución con elementos de juicio en tal sentido y cumpliendo con lo establecido en el Estado de Derecho, las agachadas de muchos integrantes de esos organismos como fieles actores corporativo judiciales, permitieron que siguiera actuando un juez que nada ha aportado en el marco de la búsqueda de Justicia por parte de víctimas sobrevivientes o familiares.

Es así entonces, nuevamente el Juez Federal Instructor del Juzgado Nº 1 de Bahía Blanca Dr. Alcindo Alvarez Canale, ha accionado una nueva vuelta de tuerca en tal sentido.

El Fiscal Abel Córdoba le solicitó al Juez Canale, la detención de dos colaboradores y colaboracionistas del ex juez genocida fallecido impune, Guillermo Federico Madueño. Se trata de la Dra. Gloria Girotti, a quien hace poco se le ha dejado en suspenso hasta ser evaluado por estas razones, su cargo en la Universidad Nacional del Sur; y al Dr. Hugo Mario Sierra, que a pesar de las mismas razones increíblemente sigue siendo docente en la Universidad Nacional del Sur en el Dpto. de Derecho. Ambos han negado siempre conocer lo que pasaba en el Juzgado Genocida de Madueño, cuando no hay quien pueda negar que los Secretarios saben tanto como el Juez en un juzgado cualquiera. ¿O acaso los Secretarios del Juez Alvarez Canale son asépticos también?

El Juez Canale, como lo hiciera en el caso del Médico Luis Humberto Fortunato Adalberti otorgándole falta de mérito por considerar insuficiente los elementos probatorios, ha negado esa solicitud a pesar de los elementos de juicio en la causa para ser indagados.

Obran en la causa, testimonios de Ex Detenidos Desaparecidos del CCD “La Escuelita” que ameritan no solo su detención sino su juzgamiento y condena, por las conductas de negación de justicia al actuar por entonces sin un mínimo básico de compromiso con lo que la Justicia como poder y salvaguarda del ciudadano los obligaba. Algunas de las víctimas que sacadas del CCD, eran interrogadas atadas e incluso vendadas, por Madueño en presencia de una mujer algunas veces o un hombre otras, a los que los secuestrados y torturados identifican como secretarios del juez genocida.

El juez Canale no otorga veracidad a los dichos de las víctimas y solo considera veraces pero parciales, los dichos de la declaración de Vilas que habla genéricamente del poder judicial solo afirmando la responsabilidad del juez genocida Madueño, considerando entonces el Juez Canale que los funcionarios del juzgado no podían saber los móviles de Madueño en resolver en el sentido del Plan de Extermino, cuestiones relacionadas con la represión. Todo esto a pesar, insisto, de las declaraciones ante las distintas instancias judiciales en todos estos años, incluído el Juez Canale.

Como siempre el Juez Canale, desarrolla su “vena literaria” escribiendo hojas y hojas con citas y frases que solo sirven para evitar evaluar adecuadamente los hechos, y permitiendo que los señalados queden fuera de poder ser indagados lo que a nuestro entender implica impunidad.

Vale la pena señalar desde lo personal, y no solo como dirigente de un organismo de Derechos Humanos, que llama poderosamente la atención que el Juez Canale haya obviado mencionar mis declaraciones sobre el Juez Genocida Madueño y el por entonces su Secretario Mario Hugo Sierra, que un año después de mi segundo secuestro, asesinado mi hermano y mi cuñada embarazada de tres meses, y estando yo preso durante ese año en la Unidad 9 de La Plata, se presentaron a tomarme declaración para preguntarme entre sonrisas cómplices y burlonas, si sabía quien me había secuestrado hacía un año. ¿Desconocía Mario Hugo Sierra y por supuesto Gloria Girotti como parte del juzgado este tipo de situaciones?, ¿Será que de mencionarlo junto a las otras declaraciones de víctimas en su resolución, habría tenido que hacer lugar a lo solicitado por el Fiscal Abel Córdoba?.

Realizar un análisis de toda la resolución del Juez Canale, seria engorroso y sin destino por la reiteración de obviedades y argumentaciones que solo sirven para la fundamentación de una nueva impunidad. Sin embargo solo basta, para quien así lo desee, con tomarse ese tiempo para su simple lectura.

Vale la pena sí mencionar, como el Juez Canale le dedica casi dos páginas de su resolución para argumentar a favor de Girotti y Sierra, poniendo en tela de juicio muy solapadamente su responsabilidad como funcionario judicial por entonces del Ex Fiscal Hugo Omar Cañon, a quien debería tratar de imitarlo en su compromiso y acción a favor de la búsqueda de Justicia por parte de la víctimas y familiares después de casi 35 años, algo imposible para este Juez Instructor Alvarez Canale.

El Consejo de la Magistratura ha dicho entre otras cuestiones absolutamente contradictorias a nuestro entender, y como fundamento a la desestimación de nuestra denuncia … “es cierto que los jueces pueden equivocarse ya que en definitiva, se trata de una justicia humana.”, mencionando más adelante respecto a la interpretación de las leyes … “cualquiera sea la interpretación, aún la menos aceptable para el común de la gente, ella no puede justificar la aplicación de una sanción, pues resulta evidente que en el caso concreto lo que está en juego es la evidente disconformidad de la denunciante con el criterio sustentado.”

Mientras tanto y como ha sido verificado flagrantemente en los últimos tiempos, y aún cuando más de una vez lo advertimos y cuestionamos, las excarcelaciones y detenciones domiciliarias arbitrarias otorgadas por este Juez Instructor, los de la Cámara Federal de Apelaciones o el Tribunal Oral Penal Federal ¿fueron errores humanos de los jueces?.

Si la respuesta es positiva, como lo afirma el Consejo de la Magistratura, la impunidad será la continuidad y consecuencia de las resoluciones de estos jueces que nos niegan la Justicia que nos garantizan la Constitución Nacional, los Acuerdos y Convenios de Derechos Humanos, respecto de los peores crímenes que la historia argentina registra después del genocidio de los pueblos originarios a manos de Julio Argentino Roca.

Eduardo A. Hidalgo – Secretario General – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca