Ya está en el Concejo Deliberante la información oficial que ratifica la participación del actual juez de Faltas, Ricardo Antonio Germani, como "agente secreto" al servicio de los órganos de inteligencia de la dictadura cívico militar genocida. El dato fue escondido por el espía al momento de aprobarse su designación en el Juzgado de Faltas por parte legislativo local.La documentación solicitada por los ediles Elisa Quartucci y Raúl Woscoff fue enviada desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación luego de varios meses de demora y ante la reiteración de la solicitud. La Comisión de Legales del HCD deberá analizar los pasos a seguir en los próximos días.
Según explicó esta mañana el fiscal Abel Córdoba, "los órganos de inteligencia, y en particular el Destacamento 181 (NdR: al cual respondía Germani) era el órgano que tenía a cargo esa especialidad respecto de la represión en el ámbito del Ejército. Es decir, era el órgano encargado de recolectar información mediante la infiltración, la explotación de prensa y la tortura. Esas eran las fuentes de donde obtenían la información que, a la vez, era volcada hacia los sectores operativos del Ejército a fin de direccionar y marcar tanto el próximo objetivo como la oportunidad de ese blanco". ENTRÁ Y ESCUCHÁ LAS ENTREVISTAS.
"En otras jurisdicciones, personal civil de inteligencia que figuraba como 'agente de reunión' aparece secuestrando personas, en interrogatorios o infiltrados en algún ámbito propio, como un sindicato. Es decir, la actividad comprendía potencialmente cualquiera de esas actividades y concretamente habrá que ver la que tuvo (Germani)", destacó Córdoba.
El presidente del bloque de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, sin "anticipar lo que se pueda conversar o decidir" en la Comisión de Legales detalló el mecanismo previsto para evaluar la conducta del juez de Faltas.
"Hablando en genérico y abstracto, el procedimiento legal está previsto en el decreto 8751/77 que instituyó el sistema de Faltas en la provincia de Buenos Aires, es un decreto del Proceso, establece una estabilidad muy particular para los jueces de Faltas y un proceso de enjuiciamiento por causales que están tipificadas y que impone la conformación de un tribunal ante las denuncias que se declaran admisibles".
Ese tribunal debería estar compuesto por siete miembros: un juez de la cámara penal del lugar, tres abogados de la matrícula y tres concejales de los cuales, uno de ellos debe ser abogado.
Si bien insistió en que primero deberán conocerse las opiniones de la Comisión de Legales, el edil advirtió que "no creo que ésta sea la única vía legal de encuadramiento de la situación".
Consultada la presidenta de dicha Comisión, Diana Larraburu (FpV-PJ), acerca de su postura respecto a la participación de colaboracionistas de la dictadura reciclados en las instituciones de la democracia, afirmó textualmente: "Nosotros representamos al gobierno nacional y es conocida cuál es la postura de nuestro bloque con respecto a la postura de los derechos humanos, el gobierno nacional sigue trabajando enormemente por los derechos humanos y esa es nuestra postura. Si me preguntas desde el punto de vista institucional estoy de acuerdo con lo que opina el gobierno nacional".
Según explicó esta mañana el fiscal Abel Córdoba, "los órganos de inteligencia, y en particular el Destacamento 181 (NdR: al cual respondía Germani) era el órgano que tenía a cargo esa especialidad respecto de la represión en el ámbito del Ejército. Es decir, era el órgano encargado de recolectar información mediante la infiltración, la explotación de prensa y la tortura. Esas eran las fuentes de donde obtenían la información que, a la vez, era volcada hacia los sectores operativos del Ejército a fin de direccionar y marcar tanto el próximo objetivo como la oportunidad de ese blanco". ENTRÁ Y ESCUCHÁ LAS ENTREVISTAS.
"En otras jurisdicciones, personal civil de inteligencia que figuraba como 'agente de reunión' aparece secuestrando personas, en interrogatorios o infiltrados en algún ámbito propio, como un sindicato. Es decir, la actividad comprendía potencialmente cualquiera de esas actividades y concretamente habrá que ver la que tuvo (Germani)", destacó Córdoba.
El presidente del bloque de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, sin "anticipar lo que se pueda conversar o decidir" en la Comisión de Legales detalló el mecanismo previsto para evaluar la conducta del juez de Faltas.
"Hablando en genérico y abstracto, el procedimiento legal está previsto en el decreto 8751/77 que instituyó el sistema de Faltas en la provincia de Buenos Aires, es un decreto del Proceso, establece una estabilidad muy particular para los jueces de Faltas y un proceso de enjuiciamiento por causales que están tipificadas y que impone la conformación de un tribunal ante las denuncias que se declaran admisibles".
Ese tribunal debería estar compuesto por siete miembros: un juez de la cámara penal del lugar, tres abogados de la matrícula y tres concejales de los cuales, uno de ellos debe ser abogado.
Si bien insistió en que primero deberán conocerse las opiniones de la Comisión de Legales, el edil advirtió que "no creo que ésta sea la única vía legal de encuadramiento de la situación".
Consultada la presidenta de dicha Comisión, Diana Larraburu (FpV-PJ), acerca de su postura respecto a la participación de colaboracionistas de la dictadura reciclados en las instituciones de la democracia, afirmó textualmente: "Nosotros representamos al gobierno nacional y es conocida cuál es la postura de nuestro bloque con respecto a la postura de los derechos humanos, el gobierno nacional sigue trabajando enormemente por los derechos humanos y esa es nuestra postura. Si me preguntas desde el punto de vista institucional estoy de acuerdo con lo que opina el gobierno nacional".
Fiscal Abel Córdoba
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Concejal Raúl Woscoff (Integración Ciudadana)
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Concejala Diana Larraburu (Frente para la Victoria PJ)
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