La fiscalía federal de Bahía Blanca recusó al juez Juan Leopoldo Velázquez, presidente del tribunal oral federal de esa ciudad a cargo del juzgamiento de 19 imputados por la comisión de crímenes contra la humanidad en perjuicio de más de 90 víctimas.
El juez responsable de llevar adelante este proceso histórico fue duramente cuestionado por la fiscalía al denunciar el temor de parcialidad que había generado en las partes y en la ciudadanía en su conjunto la exteriorización de su relación con los imputados y sus defensores, fundamentalmente a partir de haber tomado estado público una reciente reunión en el Club Argentino de Bahía Blanca de la que participaron el magistrado recusado, los defensores Rubén Diskin y Luis De Mira, el juez Gustavo Andrés Duprat y el imputado Hugo Mario Sierra.
Este evento, que tuvo lugar a pocas semanas del inicio del juicio oral, refleja la existencia de una relación personal entre el magistrado, los abogados de la defensa y uno de los imputados, que obviamente genera en el resto de las partes un temor de parcialidad, dado que esta relación podría tener una concreta capacidad para condicionar su imparcialidad al momento de actuar en un juicio en el que las personas que participaron de este encuentro tienen un claro interés particular.
Además, a la luz de este alarmante encuentro la fiscalía puntualizó una serie de actitudes del juez durante su desempeño procesal en la causa que permiten a cualquier observador externo suponer que su posición no es neutral. A modo de síntesis, los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin destacaron algunas situaciones que provocan razonable suspicacia: “un trámite crónico de la causa a su cargo, con prórrogas excesivas que no le fueron solicitadas, con excarcelaciones generalizadas, con intervenciones de jueces excusados, con avisos a los imputados de pedidos de detención en su contra, todo esto coronado con un encuentro con un imputado y abogados defensores poco tiempo antes del inicio del juicio cuando al mismo tiempo decide no recibir a los querellantes”.
Las querellas que intervienen en el juicio también solicitaron el apartamiento del juez.
El inicio de este primer juicio por las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Bahía Blanca está previsto para el próximo 26 de abril, por lo que se espera una pronta resolución del asunto.
El juez responsable de llevar adelante este proceso histórico fue duramente cuestionado por la fiscalía al denunciar el temor de parcialidad que había generado en las partes y en la ciudadanía en su conjunto la exteriorización de su relación con los imputados y sus defensores, fundamentalmente a partir de haber tomado estado público una reciente reunión en el Club Argentino de Bahía Blanca de la que participaron el magistrado recusado, los defensores Rubén Diskin y Luis De Mira, el juez Gustavo Andrés Duprat y el imputado Hugo Mario Sierra.
Este evento, que tuvo lugar a pocas semanas del inicio del juicio oral, refleja la existencia de una relación personal entre el magistrado, los abogados de la defensa y uno de los imputados, que obviamente genera en el resto de las partes un temor de parcialidad, dado que esta relación podría tener una concreta capacidad para condicionar su imparcialidad al momento de actuar en un juicio en el que las personas que participaron de este encuentro tienen un claro interés particular.
Además, a la luz de este alarmante encuentro la fiscalía puntualizó una serie de actitudes del juez durante su desempeño procesal en la causa que permiten a cualquier observador externo suponer que su posición no es neutral. A modo de síntesis, los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin destacaron algunas situaciones que provocan razonable suspicacia: “un trámite crónico de la causa a su cargo, con prórrogas excesivas que no le fueron solicitadas, con excarcelaciones generalizadas, con intervenciones de jueces excusados, con avisos a los imputados de pedidos de detención en su contra, todo esto coronado con un encuentro con un imputado y abogados defensores poco tiempo antes del inicio del juicio cuando al mismo tiempo decide no recibir a los querellantes”.
Las querellas que intervienen en el juicio también solicitaron el apartamiento del juez.
El inicio de este primer juicio por las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en Bahía Blanca está previsto para el próximo 26 de abril, por lo que se espera una pronta resolución del asunto.
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